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Hace tiempo, leí un interesante artículo de nuestro Secretario General, Francisco Queiruga, procurando analizar si la situación de España puede poner en peligro la estabilidad de la zona Euro. Ese análisis se centraba en la situación financiera, partiendo de la premisa que la situación económica está sana en sus fundamentos y que se trata de un problema a corto plazo, es decir de índole coyuntural.
Sin embargo, la evolución económica española en los últimos 25 años no parece concordar del todo con ese enfoque. Independientemente de la crisis mundial que le ha afectado como a los demás países, la economía de España padece una problemática específica propia muy anterior a esa crisis pero cuyos efectos esta última ha agravado. Quizás, ello sea la clave de la demora de España, comparativamente con las principales economías de la Unión europea, en salir de esta crisis.
Por eso, parece de interés el recordar de dónde arranca la problemática de la economía española, para procurar discernir qué camino puede tomar.
Un comparativo de los principales datos macroeconómicos de España con la Unión europea, en 1985 (antes de la adhesión a la entonces denominada Comunidad Económica Europea C.E.E.) y en 2007 (vísperas del inicio de la crisis actual) facilita la comprensión del tema.
Como puede observarse, en ese período de 21 años, España ha logrado una elevada convergencia real en su renta por habitante respecto de la renta media de la Unión europea de 15 países (la cual incluye las más importantes economías europeas), puesto que la convergencia obtenida se sitúa en 92 %, o sea 15 puntos más que 21 años antes.
Esa espectacular mejora del nivel de vida procede del muy fuerte crecimiento de la tasa de empleo, que, como puede verse, ha casi doblado en ese mismo período (+ 70,3 %), alcanzando casi (97,8 %) la tasa de la Unión europea de 15 países (66,90 %). La casi equiparación del nivel de ocupación laboral con el de la Europa más desarrollada ha sido consecuencia de tres factores.
En primer lugar, se ha producido una creciente y pujante incorporación de la mujer al mercado laboral, lo cual ha contribuido a elevar, con carácter estructural, la renta de las familias. Una de cada tres mujeres era activa en 1986, ascendiendo la proporción a 61 % actualmente.
En segundo lugar, sobre todo a partir de los años 2000, España ha recibido una inmigración masiva de mano de obra extranjera atraída por la importante oferta de trabajo consecutiva al intenso desarrollo económico. Esa mano de obra extranjera tiene una tasa de empleo mayor que la nacional (62 % frente a 39 % en 2000), con lo cual ha contribuido mecánicamente al incremento de la tasa global de empleo y, por lo tanto de la renta por habitante.
En tercer lugar, han sido introducidas, a partir de 1984, reformas para flexibilizar el mercado laboral con el triple propósito de suavizar las normas referentes a la utilización de los contratos temporales, de reducir el coste de los despidos, y de fomentar las relaciones laborales a tiempo parcial. Naturalmente, esas reformas no han dejado de propiciar en parte el auge del nivel del empleo así como de influir en el descenso –aunque momentáneo- del trabajo "negro". Aunque, también han favorecido el fuerte incremento de los contratos temporales que representan, desde la década de los 90, un tercio de los contratos laborales.
Todo eso explica la notable disminución del paro laboral cuya tasa, más del doble de la de la Europa comunitaria en 1985, ha llegado a situarse en un nivel muy cercano a esta última (1,2 punto de diferencia) en 2007.
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