Algunos van más allá y anuncian una depresión como la de 1929, otros más místicos murmuran el impacto de un cambio de era, pero sus opiniones no parecen tener consistencia suficiente, digamos pues que si hay algún consenso, éste se organiza en torno a la palabra "crisis".
La economía social de mercado, que marca las pautas de nuestra acción cotidiana y de nuestro futuro, se ha construido sobre múltiples crisis, cuyas soluciones - basadas en un buen diagnóstico - nos han dado largos años de prosperidad.
En consecuencia, hay que analizar seriamente lo que está pasando para tomar las medidas adecuadas, pues no podremos encontrar el buen remedio mientras no descubramos el motivo que genera el problema y engendra múltiples consecuencias, a veces graves, que las democracias occidentales están obligadas a paliar a corto plazo, lo que les quita tiempo para diagnosticar certeramente qué está pasando y por qué.
Desde hace algunos meses, tanto los Institutos de análisis internacionales, como la prensa especializada en economía y sociedad, coinciden, en la miríada de artículos publicados sobre la crisis, en dos cosas:
1/ Nos encontramos ante una importante ausencia de liquidez y de crédito que las entidades financieras no son capaces de subsanar y
2/ Las inyecciones de liquidez de los bancos centrales y de nuestros gobiernos hacia el sistema financiero, para que éste pueda garantizar el crédito a las PYMES y a las Familias, no están funcionando.
Digamos, por decirlo de alguna manera, que los mecanismos automáticos de que disponemos, no están resolviendo la cuestión de fondo. Hace días leía un artículo en la revista Challenges sobre el tema que nos ocupa y, aunque el autor había reconocido perfectamente el problema de crédito y la inutilidad de las políticas de refinanciación de los bancos, no encontraba una solución satisfactoria; por ello, me parece interesante reproducir una parte de este artículo, por su aspecto descriptivo:
« Si on veut éviter que la vitalité créatrice, indispensable pour générer les emplois de demain, ne vienne se briser sur le mur de la crise, il est urgent de rouvrir pour de bon les robinets du crédit afin que les entrepreneurs puissent trouver leurs financements, et ce quel que soit l'état d'avancement de leur projet et la taille de leur entreprise !
A ce titre, la politique actuelle qui se concentre pour l'essentiel sur le financement des banques et des constructeurs automobiles pourrait se révéler une erreur historique, mais une erreur qu'il est encore temps de corriger...
Il est malheureusement bien illusoire de penser pouvoir sortir de cette crise du financement des entreprises en contrôlant la façon dont les banques vont octroyer les crédits, et il encore plus naïf de penser (comme cela semble être le cas actuellement) qu'en donnant encore plus d'argent aux banquiers on pourra leur mettre encore plus de pression.
Il existe pourtant une solution simple et peu coûteuse pour les finances publiques : la mise en place d'un fonds de garantie par l'état des prêts aux entreprises, à l'image de ce que fait déjà Oseo pour les petites entreprises innovantes, mais sur une échelle beaucoup plus large...
Il ne s'agit pas d'injecter encore de l'argent dans le système ou de subventionner les entreprises à fonds perdus, c'est très cher et cela ne marche pas. Le but est juste d'octroyer une garantie publique sur les crédits pour que les banques puissent recommencer à prêter largement sans assumer de risques excessifs. »
Bruno Vanryb
Del análisis de este artículo, se puede deducir una cosa, aparentemente hay dinero, pero los mecanismos de transfer no son los buenos.
Por ejemplo, podríamos preguntarnos:
¿Es útil que el Estado garantice los créditos que los bancos ofrezcan a las empresas, si dichos bancos restringirán, a pesar de todas las garantías del Estado, los citados créditos, ya que para ofrecerlos tendrían que romper el límite impuesto por el comité Cooke en 1988, de 8% de activos sobre el conjunto de préstamos? Esta ruptura los dejaría en la ilegalidad, y dicha ilegalidad anularía las garantías del Fondo de Garantía Interbancaria y las pólizas de reaseguro.
¿Por qué, de repente, los bancos no alcanzan a respetar ese coeficiente, establecido por el Comité Cooke en 1988 (en Basilea) y refrendado por la Directiva de acompañamiento de la 2° Directiva de coordinación bancaria de 15 de diciembre de 1989 (D. 646/89 y 647/89 de la U.E.), llamada de Liquidez, Solvencia y Fondos Propios?
El problema principal se encuentra en la definición descriptiva de Fondos Propios, cuyo importe debe ser igual o superior al 8% (ratio Cooke) del conjunto de compromisos del banco (prestamos, créditos, etc.,), pero en cuya composición se encuentran fondos de inversión o paquetes participativos de diferentes complejos patrimoniales, creados en diferentes lugares del mundo, así como, el peso del dólar en la composición de esos "fondos". Todos sabemos el efecto de contaminación creado por las llamadas "Subprime", y toda buena entidad se esfuerza por eliminar estos paquetes de sus fondos propios, creándose así una fuerte dificultad para asegurar el 8%, por lo que se ven obligados a reducir sus ofertas de crédito y ello genera una importante falta de liquidez en el mercado que afecta tanto al consumo como a la oferta de crédito hipotecario y al descuento de efectos comerciales. Además, el modo de funcionamiento del ratio Cooke, fue modificado por los acuerdos de Basilea 2 (Bâle 2), que condicionan el ratio al riesgo clientes, es decir, que cuantas más incertidumbres presente el mercado, más debe subir el ratio Cooke, haciendo la situación actual, aún más difícil.
¿Qué se puede hacer?
La solución, al menos desde el punto de vista del que escribe, podemos encontrarla en nuestra historia reciente. Echemos un vistazo a los años 1992 y 1993:
En 1992, cumplía el plazo de transposición de las Directivas de coordinación Bancaria y de Fondos Propios, Liquidez y Solvencia, también entraba en vigor el Libre Movimiento de Capitales, se acabaría de refrendar el Tratado de Maastrich y, a partir del 31 de diciembre, con el advenimiento del mercado interior, entraríamos en la segunda fase de creación de una moneda única: el Euro.
Por el momento el Sistema Monetario Europeo (SME) estaba funcionando bien. Desde su creación, en 1979, había permitido incrementar el volumen de intercambios intracomunitarios del 59% al 70%, al reducir significativamente los costes de las primas contra el riesgo de cambio, además, gracias a su sistema de márgenes de variabilidad reducidos a +/- 2,25% de las monedas del SME entre ellas y respecto al ECU, y gracias también a un sistema de estabilizadores automáticos contra las variaciones de los tipos de cambio, que se desencadenaban a partir del momento en que el umbral de divergencia era alcanzado (2/3 del margen autorizado), los Bancos Centrales estaban obligados a intervenir con préstamos ilimitados.
Estos estabilizadores automáticos, cuyos ejecutores eran los Bancos Centrales, se basaban en un sistema de créditos a muy corto plazo, sin límite cuantitativo, que, en caso de caída de una moneda, en beneficio de otra, obligaban al Estado Miembro beneficiario a vender su propia divisa y comprar las cantidades necesarias de la que se estaba depreciando, para recuperar el equilibrio de cambio del sistema (SME), garantizándose así la estabilidad y continuidad de los intercambios y, por lo tanto, del consumo.
Ahora bien, este funcionamiento idílico fue roto cuando algunos Fondos de Inversión, como el de SOROS, aprovechando la recién estrenada LMC (Libertad de Movimientos de Capitales), concentró todos su esfuerzos en atacar a las monedas del SME más débiles, por ejemplo, deshaciéndose de divisas "Francos", en cantidades inconmensurables para que su cotización cayese, y re-comprándolas inmediatamente, en su momento más bajo, esperando que los Bancos Centrales de monedas fuertes, lanzasen sus obligatorias campañas (estabilizadores automáticos) de compra de dichas monedas, reduciendo el valor de las propias e incrementando de nuevo el valor de las atacadas. Cuando esto sucedía, los Fondos de Inversión, esperaban hasta que las divisas como el Franco volviesen a estar en su punto álgido, y volvían a venderlas a cambio de divisas como el marco (en ese momento un poco más bajas), realizando así pingües plusvalías.
Cuanto más intervenían los Bancos Centrales inyectando liquidez en moneda atacada, más se beneficiaba a los fondos de inversión especulativos y más se ponía en entredicho al SME, basado en la estabilidad de los tipos de cambio de las monedas. Esta situación se alargó hasta finales de julio de 1993, período negro que no solo produjo devaluaciones continuas que alcanzaron cerca del 30% de pérdidas de valor, sino que además produjo una importante pérdida de confianza, redujo los intercambios y el consumo, redujo la liquidez del sistema y generó, por primera vez desde hacía15 años, crecimientos negativos del PIB ( - 1% en España en 1993 y - 1% en Francia en el mismo período), con un fuerte incremento del Paro.
¿Ante qué nos encontrábamos?
Ante el mismo problema de hoy en día:
1/ Ante una importante ausencia de liquidez y de crédito que las entidades financieras no eran capaces de subsanar y
2/ Ante la incapacidad de las inyecciones de liquidez de los bancos centrales y de nuestros gobiernos hacia el sistema financiero, para que éste pueda garantizar la estabilidad de los tipos de cambio y por lo tanto los intercambios, es decir, el crédito a las PYMES y a las Familias.
Digamos, por decirlo de alguna manera, que los mecanismos automáticos de que disponíamos, no estaban resolviendo la cuestión de fondo, tal y como ocurre en la actualidad.
Por ello, el 31 de julio de 1993, se reunió el ECOFIN y en dicha reunión, unánimemente y a condición de comprometerse todos en la siguiente fase de creación de una moneda única, dándose un margen de 5 años para alcanzar los 4 puntos de convergencia de las políticas monetarias y fiscales, se decidió derogar provisionalmente el margen de variación de las monedas entre ellas, que estaba establecido en 2,25% y pasar a un margen de 15%, de tal manera que por muy importantes que fuesen los ataques de los Fondos de Inversión especulativos, ninguno tendría masa monetaria suficiente como para mover los tipos de cambio hasta 2/3 del 15% (umbral de divergencia), generándose de esta manera una estabilidad monetaria y financiera que prácticamente ha durado hasta ahora.
¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de la resolución de la crisis de 1993, pensando en el problema presente?
- Teniendo en cuenta la imposibilidad de las instituciones financieras de prestar 1 € cuando ello implica no respetar el mínimo de 8% ó más de fondos propios sobre compromisos (Bâle 2).
- Teniendo en cuenta que esta limitación restringe aún más profundamente el crédito interbancario.
- Teniendo en cuenta que tanto las inyecciones de liquidez en el sistema bancario como las garantías sobre préstamos ofrecidas por los respectivos Estados, no dan ningún resultado positivo a medio plazo, en el sentido de una estabilización del mercado del dinero, pero si vacían las arcas del Tesoro, y que éste, para compensar, va a emitir más Deuda Pública, reduciendo así el disponible de préstamos bancarios para las PYMES.
Solo nos queda una solución, que por supuesto deberá ser acompañada por un acuerdo internacional consensuado, concerniendo aspectos deontológicos, de procedimiento, de garantías y de solidaridad.
Esta solución es:
DEROGACION PROVISIONAL (O DEFINITIVA) DEL RATIO COOKE Y DE LOS ACUERDOS DE BALE 2, ES DECIR, FACILITAR QUE LOS BANCOS PUEDAN SEGUIR PRESTANDO A LAS PYMES Y A LAS FAMILIAS SIN CAER EN LA ILEGALIDAD, Y CONSEGUIR QUE LOS GOBIERNOS DEJEN DE TIRAR LOS FONDOS DE TODOS A UN POZO SIN FONDO
Los anuncios que en estos momentos están lanzando bancos de inversión norteamericanos contra la solvencia de la banca española, como es el caso de JP. Morgan, dejarían de tener efecto si se aplica esta medida.
Ahora bien, desde un punto de vista jurídico, y sobre todo teniendo en consideración, el Derecho de la Unión Europea, ¿podría el conjunto de Estados miembros actuar de esta manera?
Es decir, sabemos, por la experiencia reciente, que no hacer nada y abandonarnos a la acción mecánica de los estabilizadores automáticos, está generando un bloqueo complerto del mercado de crédito, también sabemos que la aportación de dinero al sistema crediticio, sin cambiar la estructura jurídica de sus obligaciones, no resuelve dicho problema, debieramos pues, plantearnos la modificación de la estructura legal de las relaciones entre las instituciones financieras, los Estados y el propio mercado, lo que generará probablemente enormes dudas sobre el resultado, pero también abrirá un espacio de esperanza, la esperanza de encontrar de nuevo un mercado de crédito que funcione. El objetivo último consiste, por supuesto, en salvar al conjunto de las PYMES sanas, lo que salvaguardaría una parte importante del empleo, o dicho de otra manera, mantendría un nivel adecuado de consumo, lo que facilitaría el crecimiento del PIB y el necesario equilibrio de las cuentads del Estado para que los diversos actores internacionales sigan confiando en la empresa "España" y evitemos comentarios negativos sobre nuestra solvencia, que también afectan a nuestra capacidad de negociación y fuerza de presión política.
Dicho ésto, mi conclusión es que una legislación extremadamente coercitiva en lo que concierne a los cánones de calidad y de seguridad, pero con una gran opacidad en lo que se refiere a los medios de control, como ocurre en el momento presente con los Fondos Propios de las entidades financieras, es dificilmente justificable, desde el punto de vista de la seguridad financiera, pues la desconfianza sobre el verdadero contenido de dichos fondos propios, produce el efecto de bloquear o cerrar el crédito interbancario, y esta situación abre la puerta al riesgo sistémico de quiebras en el propio sistema financiero o a la oligopolización restrictiva, vía adquisiciones y fusiones, generándose un riesgo suplementario para el consumidor. Además, mantener esta situación, por inacción, es decir, por falta de acción de las autoridades públicas en lo que se refiere la no modificación estructural de las relaciones jurídicas de las entidaddes crediticias, pero si al hecho de aportarles ingentes cantidades de dinero que no se ve repercutido en el crédito a las PYMES, puede ser considerado como una medida desproporcionada en relación al objetivo buscado, ya que el coste social que representa el endeudamiento creciente de los Estados, que riegan abundantemente de euros a las entidades financieras, sin que éstas puedan relanzar una política de créditos, no guarda ninguna proporción con el objetivo buscado (el coste es infinitamente superior al beneficio). Resumiendo lo dicho, mantener las cosas en el estado actual, sin tener en cuenta otras posibilidades, como la que señalamos en este artículo, podría parecer ilegítimo.
En tales circunstancias conviene recordar 3 principios comunitarios que deben respetarse cuando se quiere introducir una nueva norma o mantener una en vigor que debido a la transformación de su entorno, se vuelve no solo ineficaz, sino que además, no modificarla supondría incalculables pérdidas de difícil cuantificación :
1/ El Objetivo de la nueva norma o de no cambiar una antigua ineficaz debe ser legítimo -
2/ La medida debe ser proporcional al objetivo buscado - Los efectos producidos por la acción o la inacción, deben guardar la debida proporción con el objetivo deseado y legítimo
3/ La puesta en funcionamiento de dicha normativa o la ausencia de acción normativa, debe justificarse.
A la vista de estos tres principios comunitarios, en vigor, nuestra Administración, así como las de los otros países de la U.E. y de la OCDE, debieran analizar los efectos de la proposición lanzada en el presente artículo, los efectos de no hacer
nada, ya los estamos viendo.
J. Francisco Rodríguez Queiruga
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